La revocatoria del mandato del alcalde mayor de Bogotá aquí solicitada deriva del principio de soberanía popular y democracia participativa, conforme al cual el pueblo tiene derecho a despojar del cargo a quienes ha escogido como sus representantes por motivos de insatisfacción general de la ciudadanía o por incumplimiento del programa de gobierno; tiene fundamento en los artículos constitucionales 40, 103 y 259, el artículo 65 de la Ley 134 de 1994 y los artículos 5º y 6º de la Ley 1757 de 2015.
En ese contexto, el alcalde mayor de la ciudad no sólo ha incurrido en presunta falsedad en documentos que acreditan sus títulos académicos al momento de posesionarse sino que ha adoptado medidas que lesionan los derechos económicos y sociales adquiridos y las perspectivas de un desarrollo de ciudad democrático, socialmente justo, incluyente y ambientalmente sustentable.
Entre estas medidas están la fusión y privatización de hospitales públicos y la terminación de Territorios Saludables agravando las condiciones de atención en salud; la ampliación de la figura de colegios por concesión, una jornada única sin recursos humanos ni físicos para garantizarla y la afectación de la educación de primera infancia y media; la reducción de los terrenos de las universidades públicas en Bogotá y la desfinanciación de la Universidad Distrital agravada por la réplica del programa ser pilo paga con recursos de la ciudad; el desalojo del Bronx sin tener un adecuado y suficiente plan de atención a la población residente, a los comerciantes del sector ni a los habitantes de calle; el cambio privatizador del plan general de manejo de residuos sólidos afectando a más de 14 mil familias recicladoras; la destrucción de la economía popular con la exclusión de los vendedores informales de los espacios públicos desconociendo el derecho al trabajo y agravando su situación social; el cierre de espacios de participación y el abandono de los programas acunar; la limitación de la autonomía ciudadana en el uso democrático del espacio público; el retroceso en derechos para las mujeres, la comunidad lgbti, afros y otras etnias; la promoción de la tercerización e informalización laboral que acaba con los derechos de los trabajadores; la violación e incumplimiento de acuerdos laborales; la dilación en la construcción del metro y su cambio de uno subterráneo a otro elevado sin estudios previos; su obsesión por seguir llenando a la ciudad de buses contaminantes a través de Transmilenio, que menoscaba las finanzas del distrito excluyendo a los pequeños transportadores y sometiéndolos a la miseria; su falsa actitud con el uso de bicicletas sin ciclorutas ni seguridad adecuadas; el conflicto de intereses con las empresas proveedoras de buses de transporte público; el incumplimiento a la resolución judicial sobre legalización de barrios en cerros orientales, desalojando familias y vulnerando derechos colectivos y del ambiente; el incumplimiento con la solución del problema del relleno sanitario Doña Juana; y la pretensión de modificar el ordenamiento territorial para permitir la urbanización de la reserva forestal Thomas Van der Hammen y de los cerros orientales en detrimento de los humedales y de la estructura ecológica principal.
No contento con el uso de procedimientos antidemocráticos que desconocen la participación ciudadana legítima, el alcalde ha engañado a los bogotanos y bogotanas desde la presentación del anteproyecto de plan de desarrollo radicado ante el Consejo Territorial de Planeación que difiere con el radicado ante el Concejo de Bogotá.
Las medidas económicas iniciadas para cubrir el déficit presupuestal del Plan de Desarrollo han implicado el recorte del gasto público social, el despido de miles de trabajadores, la venta de las empresas de servicios públicos como la ETB y el grupo de energía, entre otras, el endeudamiento de la ciudad con la banca mundial, una propuesta de nuevas cargas tributarias regresivas y el uso de estrategias de asociación público-privada que benefician a los particulares en cada uno de los proyectos de inversión, urbanización y gestión en la ciudad. Contraria a la perspectiva de derechos en el desarrollo urbano que defiende la ciudadanía, el alcalde busca imponer un modelo de ciudad excluyente, orientado a los negocios, a la generación de rentas del suelo para particulares, a la inversión de capital y a la obtención de utilidades privadas en beneficio de los grandes gremios económicos.
Indignados, excluidos, afectados e insatisfechos con sus políticas e iniciativas y cambios inconsultos de su programa de gobierno, conscientes del peligro y riesgo que significa para el destino de la ciudad la continuidad del mismo en el ejercicio de su cargo y acogiendo el sentir generalizado del pueblo de lograr una administración que respete y tenga en cuenta sus derechos, promovemos la revocatoria del mandatario distrital a través de la más amplia participación y protagonismo ciudadano, sin distingos de condiciones socioeconómicas o de concepciones ideológicas, políticas o religiosas.
COMITÉ CIUDADANO UNIDOS REVOCAMOS A PEÑALOSA
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